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ATAQUE A LA OFERTA REGLADA

ATAQUE A LA OFERTA REGLADA
 
Desde FEHM no podemos ocultar la decepción por la fata de valentía del actual Govern Balear tras asistir a las dos jornadas de debate sobre el Estado de la Comunidad celebradas, ayer y hoy, en el Parlament.

 

Aún habiendo manifestado nuestro apoyo, como tantas otras organizaciones y entidades participantes en la Mesa del Pacte per la Sostenibilidad Social y Política, y dando una oportunidad a una manera de trabajar distinta y novedosa, las medidas “urgentes” anunciadas nos defraudan por su escasa ambición y por no ser más certeras.

 

Aunque estando en el inicio del proceso, es evidente y manifiesto que los participantes, los grupos parlamentarios y la sociedad en su conjunto tenemos perfectamente identificadas las dos cuestiones prioritarias y urgentes que concentran la mayor preocupación en nuestro archipiélago: la vivienda y la movilidad.

 

Sabemos que el problema de la vivienda es complejo y requiere un abordaje poliédrico, sin embargo, se ha perdido una oportunidad de oro de demostrar decisión y agilidad con una apuesta clara por devolver al mercado la inmensa bolsa de viviendas que, concebidas para un uso residencial, específicamente en los edificios plurifamiliares, están dedicadas, con licencia o no, a una actividad económica y que han desviado miles de pisos del uso residencial al turístico, agravando la escasez que padecen los ciudadanos, trabajadores del sector público y privado y jóvenes que aspiran a emanciparse y, también, dificultando la convivencia y el descanso, como vienen denunciando largamente los colectivos vecinales.

 

Es conveniente, para entender lo que estamos viviendo ahora, echar la vista atrás y recordar lo que en su momento ya se apuntaba en la exposición de motivos de la ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas. Les recomendamos su lectura pero destacaremos ya varias afirmaciones que formulaba el propio legislador:

 

  • “(…) esta regulación no puede obviar las diversas problemáticas que la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial puede comportar, por lo cual se establecen unos límites y unas formalidades legales relacionados básicamente con la salvaguarda del derecho al domicilio libre de inmisiones, el urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente adecuado”.
  • “(…) tomando en consideración el gran número de nuevas altas en viviendas comercializadas turísticamente que se ha dado en los últimos años y, en previsión de incorporar la comercialización de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, se hace imprescindible un control de esta actividad desde el punto de vista urbanístico, territorial, medioambiental y tributario. Debe prestarse especial atención a las repercusiones que esta puede suponer sobre la configuración de los barrios o las zonas donde se concentre la oferta y en la convivencia pacífica en estos; además de la existencia de infraestructuras adecuadas, y, a escala general, el hecho de evitar una subida de precios del arrendamiento o de la vivienda, así como en la falta de oferta de esta para la población residente”.
  • “(…) se ha detectado en los últimos años una enorme presión sobre el territorio, las carreteras, las infraestructuras, el medio ambiente y los recursos hídricos y energéticos, entre otros”
Si bien ya eran conocedores de lo que iba a generarse, persistieron en el “efecto llamada” enarbolando la bandera de la “economía colaborativa” que ha desembocado en más de 98.000 plazas en alquiler vacacional en los últimos años. Sus vaticinios se han cumplido y multiplicado, habiendo llegado a una situación límite por inacción, falta de inspección y sanción y ausencia de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas.

Hoy, a pesar de una insostenible precariedad en el acceso a la vivienda, asistimos a un escenario en el que el Govern Balear afirma que se garantizará la continuidad de las plazas regladas en alquiler turístico, en plurifamiliares en todas las islas, a pesar de que en la ley citada anteriormente se expresa contundentemente que “(…) estas viviendas que ofrezcan estancias turísticas estén siempre sujetas a la permisividad o no de estos instrumentos, sin que la no posibilidad de renovación pueda generar derechos, incluido el derecho de indemnizaciones”.

Ocasión perdida para anunciar que solo se permitiría el alquiler vacacional en viviendas unifamiliares aisladas, como era en sus orígenes, aliviando así parte de la presión en materia de emergencia habitacional. Tampoco resulta esperanzador esperar al levantamiento de la moratoria para que no se concedan más plazas en alquiler en plurifamiliares cuando los responsables de revisar el PIAT, en el caso de Mallorca, llevan ya un par de años de retraso desde que se les impusiera esta obligación legal de revisar a la baja. Pasa el tiempo y no es que las cosas sigan igual, es que irremediablemente van a peor sin que veamos decisión, voluntad y acción en afrontar una realidad que ya desborda todos los augurios que se formularon en el año 2017.

Para acabar de redondear esta situación de impunidad de la oferta ilegal, que continuará campando a sus anchas, vemos como aparece una nueva penalización a los visitantes que se alojan en la oferta reglada que verán incrementada la tarifa del ITS en los meses centrales de la temporada. No vemos cómo van a entender, por ejemplo, en las próximas citas turísticas, que les demos la bienvenida a las Islas cobrándoles más todavía y sin que, de momento, se perciban aún las mejoras y la transparencia en el uso de los fondos que religiosamente abonan cuando se alojan en un establecimiento legal. Compartimos, y se ha manifestado en reiteradas ocasiones, que el impuesto debe ser finalista y pactar los fines a los que se destina de forma participativa y transparente.

Sumemos a todo ello que, aunque se han anunciado medidas para el transporte público de cara al año próximo y sucesivos, en las que queremos confiar y ver materializadas, también se han olvidado de poner al usuario en el centro de las políticas de movilidad relacionadas con tratar todo el territorio insular como una única unidad, evitando así disputas territoriales entre el servicio público del taxi. Nada hemos oído de avanzar en una única área de prestación conjunta o distrito único que optimice y permita al usuario hacer un uso lógico y sostenible y, por encima de todo, recibir el servicio.

Finalmente, consideramos muy desacertado el anunciado incremento del canon de agua a los grandes consumidores (en la mayoría de casos mucho más eficientes en su consumo y gestión) y la rebaja a los domésticos, cuando lo que se debería es incentivar la corresponsabilidad de todos los consumidores para que fueran respetuosos con un recurso escaso y abogar por un uso más racional, objetivo que no se logra con un trato discriminatorio y con una rebaja que puede disuadir de hacer un uso racional del mismo.

Muchos anuncios, de los cuales una parte está pendiente de la “letra pequeña” que debería escribirse desde el diálogo y el consenso y la colaboración público-privada por la que siempre hemos abogado.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA
 

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